REDACCIÓN 
El abogado Pedro Castañeda afirmó que el convenio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos no representa una pérdida automática de soberanía, pero debe conocerse completamente, ser debatido por la Asamblea Nacional y mantenerse bajo vigilancia institucional y ciudadana.
Durante un conversatorio en Oceánica 98.5 FM, el magíster en Ciencias Jurídicas pidió evitar que los intereses partidistas condicionen el seguimiento del acuerdo.
“Tiene que haber una comisión que realmente funcione y que no sean los cálculos políticos los que guíen las pautas. Debe haber transparencia, responsabilidad, ética, control de las contralorías y control político sobre esos recursos”, expresó.
Castañeda citó el artículo 12 de la Constitución, según el cual los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles.
“El Estado es el dueño. Pertenecen a la nación y las personas que estén en el Gobierno deben cumplir lo que establecen las normas”, señaló.
Por esta razón, rechazó que la participación de empresas extranjeras convierta el petróleo venezolano en propiedad de otro país.
“No se pierde la soberanía. Decir que ese petróleo pertenece a otro país son aseveraciones que, de acuerdo con las leyes venezolanas, no son así. Ese petróleo es del país”, sostuvo.
Sobre las facultades del Ejecutivo, Castañeda sostuvo que el artículo 236 de la Constitución permite al presidente o presidenta dirigir las relaciones internacionales y suscribir convenios relacionados con los intereses de la República. Aclaró que esa atribución no elimina el control posterior del Parlamento.
Sobre la aprobación del acuerdo, explicó que la Asamblea Nacional debe recibir el documento completo antes de tomar una decisión definitiva.
“La Asamblea Nacional tiene el deber y el derecho de hacer el debate y aprobar. Debe llegar el documento completo para que pueda ser debatido”, indicó.
Las diferencias entre las versiones divulgadas también deben aclararse. Desde Venezuela se habla de un convenio por 25 años, mientras desde Estados Unidos se ha mencionado un plazo de hasta 100 años.
“Cuando tengamos el documento podremos aclararlo. Uno de los principios del servicio público establecido en el artículo 141 de la Constitución es la transparencia. Transparencia significa claridad y no mentir”, manifestó.
Castañeda señaló que un futuro gobierno podría revisar el convenio si encuentra condiciones contrarias a los intereses nacionales, aunque advirtió que una eventual anulación tendría consecuencias.
“Se puede revisar. Habría que ver qué dicen las cláusulas. Si hay algo contrario al interés venezolano, pudiera establecerse la nulidad, pero existen cláusulas que pueden generar pagos por incumplimiento del contrato”, explicó.
Sobre los beneficios para la población, aclaró que los ingresos petroleros no se reparten directamente entre cada ciudadano.
“Eso se traduce en bienes y servicios, viviendas, trabajo, mejores remuneraciones, infraestructura, equipamiento y bienestar”, dijo.
También pidió que Delta Amacuro reciba beneficios de la actividad petrolera y gasífera desarrollada en zonas cercanas al Delta del Orinoco.
“Debe establecerse una pauta desde los concejos municipales y las alcaldías para solicitar que los estados se desarrollen de acuerdo con sus potencialidades, pero también con lo que produzcan”, expresó.
Castañeda cerró con un llamado a examinar el convenio sin consignas ni afirmaciones imposibles de demostrar.
“Debemos tener ojo crítico y capacidad para ver más allá. ¿Ese contrato realmente cumple con las expectativas? Lo que yo afirmo, debo probarlo”, concluyó.
