Provea exige a Conatel levantar el bloqueo de más de 90 medios digitales durante la emergencia sísmica en Venezuela
Por Sabrina Padrón
Periodista | Análisis Internacional
Caracas, 20 de julio de 2026. En medio del estado de emergencia decretado tras el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio, la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) instó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a levantar las restricciones que mantienen bloqueados más de 90 dominios de medios digitales independientes en el país.
A través de un pronunciamiento público, Provea señaló que la población de las zonas afectadas necesita acceso inmediato a información verificable sobre réplicas sísmicas, rutas de evacuación, servicios de emergencia y asistencia humanitaria. La organización sostuvo que, en un contexto de desastre, el acceso a información confiable constituye un elemento esencial para la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos.
La organización también exhortó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a ordenar el desbloqueo de los portales informativos restringidos y pidió a Conatel informar “cuándo y cómo” serán levantadas esas restricciones. En su comunicado recordó que el artículo 58 de la Constitución venezolana reconoce el derecho de toda persona a recibir información oportuna, veraz e imparcial, y afirmó que los bloqueos informativos “deben cesar”.
El pronunciamiento se produce semanas después de que el Ejecutivo venezolano declarara el estado de emergencia nacional por los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados el 24 de junio, que dejaron miles de víctimas y daños de gran magnitud, además de más de veinte réplicas en las zonas afectadas.
Según Provea, aunque recientemente fue restablecido el acceso a la red social X, al menos 92 dominios correspondientes a medios digitales independientes continúan bloqueados, limitando el acceso ciudadano a información de interés público durante una emergencia nacional. La organización considera que esta situación afecta tanto la libertad de expresión como el derecho de la población a recibir información necesaria para tomar decisiones en un escenario de riesgo.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han sostenido que, durante situaciones de desastre, garantizar el acceso a información pública, verificable y oportuna forma parte de las obligaciones de los Estados para proteger a la población y facilitar una respuesta efectiva ante la emergencia. En este contexto, el llamado de Provea reabre el debate sobre el impacto que las restricciones digitales pueden tener en la gestión de crisis humanitarias y en el ejercicio del derecho a la información en Venezuela.
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