REDACCIÓN 
En el aniversario del Acuerdo de Ginebra, el Dr. Abraham Gómez, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, asesor de la Fundación Venezuela Esequiba, reflexiona sobre la estrategia jurídica, los intereses en juego y los posibles escenarios del fallo
Por: Demys Martínez.- El 17 de febrero, desde Tucupita, en el marco de los 60 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, el doctor Abraham Gómez habló sin titubeos, con la cadencia de quien ha dedicado medio siglo a estudiar un mismo expediente histórico y jurídico. La conversación fluyó con naturalidad; la Oceánica 98.5Fm fue el vehículo. Lo sustantivo fueron sus palabras, densas, documentadas, atravesadas por fechas y artículos.
“Hoy se cumple 60 años exactamente cuando se suscribió, ratificó y se aceptó el Acuerdo de Ginebra, en cuyo artículo primero establece -y nosotros lo hacemos valer en toda la contención- que el Laudo Arbitral de París es nulo de nulidad absoluta, es írrito, es inaceptable.
No puede ser oponible en un juicio del carácter y de la naturaleza que se está llevando ante la Corte Internacional de Justicia porque ese laudo quedó rechazado, precluido. Intentar reposicionarlo en un proceso jurisdiccional, eso constituye lo que se denomina en el derecho internacional un fraude legal que no vamos a aceptar y nunca lo hemos admitido”.
El doctor Gómez no elude el origen, sitúa el debate en el laudo de 1899
“Desde que nos dieron esa tratativa perversa el 3 de octubre de 1899, nosotros hemos mantenido una cronología aceptable, que es exactamente donde nos basamos para estar denunciando permanentemente. El Acuerdo de Ginebra -yo lo acabo de expresar por todas partes- es un triunfo diplomático de nuestro país. Gloria para los compatriotas que estuvieron presentes en eso.
¿Por qué lo adjetivo de esa manera? Porque hasta ese momento, hasta el año 1962, la denominada colonia Guayana Británica -que es ahora la República Cooperativa de Guyana- y el imperio inglés enarbolaban que eso les pertenecía a ellos porque tenían un laudo”.
Y entonces introduce un elemento que, a su juicio, cambia la historia.
“Fíjate un hecho curioso y quiero que lo compartas: quien nos representaba a nosotros en ese laudo fue un abogado norteamericano, Severo Mallet-Prevost, y él dejó en sus memorias escritas -que se dieron a conocer en 1962- que allí se cometió un hecho doloso que dañó el costado este de Venezuela, la integridad de nuestra geografía nacional. Por eso es que nos enteramos.
Y desde 1962 hasta 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, nosotros estuvimos reclamando en la Asamblea General de la ONU. ¿Por qué nos representó a nosotros un abogado norteamericano? Porque los ingleses no se quisieron sentar con la delegación venezolana; nos consideraban pobres, negros, indios y hediondos. Así nos decían”.
Su voz se vuelve enfática al llegar al 17 de febrero de 1966.
“Cuando se admite el Acuerdo de Ginebra, allí se determina, se pone al descubierto lo que se hizo y es en este momento el único documento válido con pleno vigor jurídico por el que nosotros nos estamos llevando en el pleito que cursa ante la Corte Internacional de Justicia”.
Sobre la situación actual ante La Haya, es preciso con las fechas:
“La Corte, atención con esto, el 20 de diciembre del año 2020 se autoconfirió, se dio a sí misma competencia y jurisdicción para conocer forma y fondo de este asunto y puso como causa de pedir la validez o invalidez del laudo. En eso estamos, en ese péndulo: validez o invalidez del Laudo Arbitral de París.
Estamos nosotros para el próximo 4 de mayo dispuestos a llevar las alegaciones, las pruebas de que ese laudo es írrito y es nulo. Nos han llamado a comparecer y lo haremos, Dios mediante, para ratificar que ese laudo es nulo y no puede constituir causa de pedir de la contraparte”.
Ante la pregunta sobre si el Acuerdo de Ginebra declara explícitamente la nulidad del laudo o solo reconoce la controversia, responde con invitación directa:
“Yo invito a que lean el artículo primero. En la última frase dice: ‘por cuanto Venezuela sostiene que el laudo arbitral de París, firmado el 3 de octubre de 1899, es nulo e írrito’.
La representación del Reino Unido en ese momento, Jack Stewart; en el caso de la Guayana Británica, Forbes Burnham; y nuestro representante, Ignacio Iribarren Borges, los tres admitieron que el laudo era nulo.
De modo que no pueden venir en este instante a reposicionar un documento que ya fue excluido, rechazado. Se determinó que no tiene los suficientes elementos de convicción para examinarlo como prueba de que eso les pertenece. Jamás les ha pertenecido”.
El doctor Gómez amplía la base documental venezolana:
“Nosotros tenemos dos documentos para llevar el 4 de mayo. Uno es cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, 8 de septiembre de 1777. Desde el año 1777, éramos colonias de España con provincias desvinculadas unas de otras y la Real Cédula de Carlos III crea la Capitanía General de Venezuela. Así fue como nosotros nacimos ante el mundo”.
Sobre la decisión de comparecer ante la Corte, pese a haber objetado su competencia, explica:
“No nos quedaba otra alternativa que admitir, casi que en contra de nuestra voluntad, la competencia y la jurisdicción de la Corte. Además, no tenemos por qué rehuir el combate jurídico si las pruebas nos favorecen.
Si le sacamos el cuerpo a la Corte, el juicio va a seguir. Corremos el riesgo de que nos apliquen el artículo 53, que es la sentencia en ausencia. Y recibiríamos un fallo sin tener la oportunidad de defendernos.
Y el artículo 60 dice que sus determinaciones son inapelables, no son recurribles y de inmediata ejecución. Por eso hemos comparecido. El 8 de abril de 2024 consignamos el memorial de contestación de la demanda. Ahora nos corresponde presentar la réplica. Ellos harán su dúplica y la Corte se pronunciará”.
El artículo 5 del Acuerdo de Ginebra ocupa un lugar central en su argumentación.
“El acuerdo no le confiere soberanía a ninguno de los dos. Y lo que se haga allí por cualquiera de las partes no le da potestad ni derecho mientras permanezca el juicio.
Ellos están contrariando el espíritu, propósito y razón del acuerdo, confiriendo ilegalmente concesiones a un enjambre de 52 empresas transnacionales para que exploren y exploten recursos. Nosotros pudimos introducir medidas cautelares para paralizar esas operaciones y no lo hicimos. Pudimos reconvenir, tampoco lo hicimos.
Pero hemos advertido que esos permisos pueden ser revocables si la sentencia favorece a Venezuela. Esa zona de 159.500 kilómetros cuadrados y su proyección atlántica es apetecible. No es solo la tierra: es el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva hasta 200 millas náuticas.
Siempre lo decimos: los países no tienen amigos, tienen intereses”.
Sobre la cosa juzgada, es categórico:
“El principio de res judicata (cosa juzgada) en derecho internacional es casi intangible. Bueno, nosotros lo hemos tocado y lo estamos desmontando. No puede ser cosa juzgada porque tenemos pruebas para demostrar la perversidad que se cometió contra nuestro país”.
Luego enumera los escenarios posibles ante una sentencia:
“La Corte podría reenviar el caso al Secretario General de la ONU para que explore una solución práctica conforme al artículo 33 de la Carta.
Podría anular el Laudo de 1899 y restituir a Venezuela lo que se le arrebató.
Podría anular el laudo y pedir a ambas partes que busquen una salida de aprovechamiento conjunto.
Lo peor sería que diga que el laudo es válido, pero tendría que motivarlo jurídicamente.
Y también podría decidir ex aequo et bono, por lo equitativo y bueno: dividir y acordar”.
Descarta la vía militar sin ambages:
“He escuchado a gente que pregunta si vamos a un enfrentamiento militar. Esa es la peor conseja. No es recomendable desde ningún punto de vista. Si la justicia está de nuestro lado, no hay nada que temer.
Hasta hoy, Guyana no ha presentado el más mínimo documento que pruebe cómo han estado ocupando esa zona. Solamente el Laudo Arbitral de París y dicen que Venezuela lo aceptó. Eso es absolutamente falso”.
Añade otros soportes históricos:
“Con Brasil, en 1859, firmamos el Tratado de Delimitación, Navegabilidad y Reparto por Cuencas. Brasil nos reconoció la cuenca del Orinoco y del Esequibo, y nosotros le reconocimos la del Amazonas.
Y si vamos al punto de vista cartográfico, tenemos la cartografía de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla de 1775, los estudios de Pablo Ojer, de González Oropesa, de Jesús Muñoz Tébar. Toda la cartografía dice que la mitad del río Esequibo es el límite geográfico”.
Al final, el doctor Gómez resume su trayectoria con sobriedad:
“No he hecho otra cosa que estudiar por casi 50 años este caso desde el punto de vista académico. Estoy pendiente de las consultas, de las universidades que quieren saber cómo va la situación.
Estamos esperando el 4 de mayo para consignar nuestras pruebas y aguardar la sentencia. Estamos tranquilos porque estratégicamente esto se está manejando como un asunto de Estado y no como caso de gobierno.
Los gobiernos son una cosa, la nación es otra, el país es otro. El Estado somos todos nosotros, indistintamente de parcelas políticas, ideológicas, religiosas o sociales. Aquí está la patria llamándonos y nosotros dispuestos a defenderla”.
