José “Cheo” Bermúdez, conductor afiliado a una línea de transporte de Tucupita, pidió información clara sobre cuánto corresponde pagar por pasaje y planteó un problema que afecta tanto al pasajero como al chofer: conseguir el monto exacto y disponer de efectivo para entregar el vuelto.

Bermúdez intervino este jueves 1 de octubre en el programa Perspectiva, transmitido por Oceánica 98.5 FM, durante el debate sobre el ajuste del pasaje y las condiciones del servicio de transporte en la ciudad.

Al referirse al transporte masivo, tomó como referencia los 0,25 dólares utilizados para el cálculo del pasaje y señaló:

“Estaríamos hablando de que el pasaje estaría costando 215 bolívares. ¿Tendrá el usuario 215 bolívares para cancelar en efectivo el pasaje? ¿Tendrá el transportista los cinco bolívares para darle el vuelto al usuario?”.

También hizo el ejercicio con los carros por puesto, utilizando una referencia de 0,37 dólares.

“¿Tendrá el usuario los 318 bolívares para cancelar el pasaje? ¿Tendrá también el transportista los dos bolívares para darle el vuelto al usuario?”, preguntó.

Los montos señalados por Bermúdez corresponden a cálculos realizados durante su intervención y no a la publicación de un nuevo tabulador para las rutas de Tucupita.

El conductor insistió en que las autoridades vinculadas al transporte deben informar oportunamente cuánto corresponde cobrar.

“¿Qué institución municipal o regional que tenga que ver con el transporte se ha dedicado a dar la información para que el colectivo esté enterado del aumento del pasaje? Hemos observado que ha habido un silencio total”, afirmó.

El tema ya había generado dudas meses atrás. El 14 de agosto, El Deltano publicó un documento de la Gerencia de Transporte que establecía una tarifa de 280 bolívares para carros por puesto en rutas como Centro-San Rafael, Centro-Traki y Centro-UTD, mientras que para los autobuses se señalaban 187 bolívares.

En aquella oportunidad, el propio Bermúdez facilitó los documentos y pidió su difusión para que pasajeros y transportistas conocieran las tarifas.

La discusión volvió a cobrar fuerza con el ajuste del pasaje mínimo a 220 bolívares reportado en Caracas, bajo la referencia de 0,25 dólares. Sin embargo, esa cifra no establece por sí sola cuánto debe cobrarse en las distintas rutas de Tucupita.

A esto se suman reclamos de usuarios por la disponibilidad de unidades y los cobros. El pasado 26 de septiembre, Josefina Gómez, vecina de Villa Rosa, denunció escasez de transporte en las rutas de Villa Rosa y Boca de Cocuina y aseguró que algunos pasajeros estaban pagando hasta 300 bolívares.

El debate planteado en Oceánica también abordó las dos caras del problema: los gastos que enfrentan los conductores para mantener sus carros trabajando y el derecho del pasajero a conocer cuánto debe pagar antes de abordar una unidad.

“El transportista tiene derecho a trabajar y a mantener su carro. Pero el pasajero también tiene derecho a cuidar su bolsillo y a saber, antes de montarse, cuánto le corresponde pagar”, expresó el conductor del programa.

Bermúdez resumió la situación desde su experiencia como conductor:

“Para el usuario y para el transportista la situación es súper difícil. Aquí están sufriendo todos”.

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2 de octubre de 2026.- La comisionada Gloria de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo una reunión con María Corina Machado y miembros de su equipo, en la que abordaron distintos aspectos relacionados con la situación de los derechos humanos en el país.

De acuerdo con la información difundida sobre el encuentro, participaron Orlando Moreno, Tamara Bechara, Pedro Urruchurtu, Omar Mora Tosta y Perkins Rocha.

Según lo informado, durante la reunión también se abordó la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como aspectos relacionados con la participación política en Venezuela.

El encuentro se desarrolló en el marco del seguimiento que realiza la relatoría sobre la situación de los derechos humanos y las condiciones de participación política en el país.

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Esta fase de gestión contempla la instalación progresiva de 500 luminarias de tecnología LED con potencias de 200 W y 150 W. El abordaje técnico abarcará arterias viales de alto tránsito comunitario, entre las que destacan las calles Petión, Bolívar y Dalla Costa.

La programación operativa se mantendrá de manera continua durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre.

Esta acción institucional busca optimizar la infraestructura de los servicios públicos, garantizando espacios transitables y seguros para el bienestar de la ciudadanía durante las festividades de fin de año.

El alcalde Asnardo destacó la articulación interinstitucional promovida desde el Gobierno Bolivariano nacional, liderado por la presidenta (e) Delcy Rodríguez, en conjunto con la Gobernación del Estado Delta Amacuro, la Alcaldía del Municipio Tucupita y las estructuras organizativas del Gobierno Comunal.

Las cuadrillas de servicios públicos continuarán el cronograma de trabajo en las comunidades del municipio.

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Leímos y analizamos con detenimiento –objetiva y respetuosamente– unas declaraciones atribuidas al Dr. Félix Plasencia, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, del 26 de septiembre de 2026, en cuyo contenido se puede apreciar:

“El país desconoce de manera firme la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta centenaria controversia territorial. Las autoridades venezolanas no acatarán ninguna decisión que emane de esa instancia. La administración venezolana sostiene que cualquier dictamen de la Corte Internacional de Justicia violaría el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este tratado histórico se mantendrá como la única base normativa aceptada para alcanzar un entendimiento entre las partes. Las autoridades diplomáticas sostienen que la negociación bilateral directa constituye el camino legal y legítimo para resolver el diferendo. Cualquier intento de imponer una resolución unilateral resulta inaceptable para la soberanía del Estado. Por esta razón, la vía judicial abierta en la Corte Internacional de Justicia carece de validez y reconocimiento para el país. El Estado venezolano continuará promoviendo el diálogo entre ambas naciones como la solución verdadera. La controversia sólo podrá solucionarse mediante acuerdos mutuos y respeta el espíritu pacifico del tratado original”.

Hemos defendido (en mi caso particular) a lo largo de casi medio siglo nuestra Guayana Esequiba; y hoy más que nunca decimos que nos mantenemos anclados, procesalmente, en todo nuestro irrefragable e incontrovertible acervo de probanza; el cual hemos consignado en las distintas audiencias y comparecencias por ante la Corte Internacional de Justicia.

Nuestros elementos de convicción muestran y demuestran que la Guayana Esequiba es nuestra histórica, jurídica y cartográficamente.

También estamos conscientes que asistir, comparecer, exponer  el memorial de contestación de la demanda, accionar medidas preliminares, alegar en su debida oportunidad, nombrar agente, coagente y juez ad-hoc comportaba – per se- consentimiento del juicio.

Los honorables magistrados saben que acaudalamos los elementos de acreditación; así también, la contraparte guyanesa está clara que es muy difícil que la excolonia británica pueda salir favorecida, en este juicio que ellos provocaron, de manera unilateral; porque no tienen cómo ni con qué.

Recordemos que el Alto Tribunal de La Haya se autoconfirió jurisdicción y competencia, el día 18 de diciembre de 2020, para conocer forma y fondo sobre el caso confrontado entre Venezuela y Guyana.

Aunque se halle contemplado en el artículo 36 de su Estatuto, la anterior determinación de la Corte nos lució escabrosa y rara. Veamos:

“La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

 Y la Corte decidió. Se autoimpuso tal jurisdicción y competencia.

Visto así los hechos y todo cuanto se ha venido desarrollando, cabe aquí una interesante y extensiva pregunta.

¿Cómo saber con antelación lo que la Corte va a sentenciar dentro de un amplio abanico de posibilidades?

Modestamente, nos permitimos resumir las opciones a través de las cuales discerniría la Sala; para escoger una entre varias posibilidades solucionadoras de esta centeneraria controversia.

Expliquemos las alternativas alcanzables para zanjar jurisdiccionalmente la conocida disputa interestatal.

1.- El Cuerpo Juzgador puede dar por buenas y propias, en su Fallo, algunas de las salidas que contempla el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966; y llamar a los concernidos a una negociación directa; para alcanzar una solución “práctica y satisfactoria para las dos naciones”.

“….Convencidos de que cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guayana Britànica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes ; de conformidad con la Agenda que fue convenida para las conversaciones gubernamentales relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guayana Britànica, según el Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de 1963, han llegado al siguiente Acuerdo para resolver la presente controversia” (Preámbulo del Acuerdo de Ginebra).

2.- La Corte puede ordenar en su Decisión Sentencial reponer el caso, para una nueva Comisión Arbitral (para que aplique lo que debió hacerse, originalmente, fundamentados en el uti possidetis juris) con base a lo que ordena el Tratado de Washington de 1897.

Esta opción se conoce como ucronía.

3.- La Corte puede anular, de pleno derecho, el adefesio denominado Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899; y conceder la razón total y legitimidad plena a Venezuela sobre los 159.500 km2. en disputa; reconociendo su propiedad, con motivación y fundamento en el acervo de probanza que nuestro país consignó en los distintos trayectos procesales. (¿Qué haríamos, entonces, siendo esta la decisión de tan Alto Tribunal?)

 4.- La Corte puede decidir en su sentencia la habilitación de una figura y principio válido en el Derecho Internacional denominado cosoberanía. Vale decir, la configuración paritaria del dominio y autoridad de ambas naciones sobre esa extensión territorial.

La cosoberanía ha funcionado -con normalidad- en otras regiones del mundo que estuvieron disputándose espacios. Casos del Golfo de Fonseca entre Nicaragua, Honduras y El Salvador; asimismo el Lago de Constanza entre Suiza, Alemania y Austria.

5.- La Corte puede validar y acreditar el contenido y alcance del Laudo Arbitral de París. Cerrar el pleito allí. Esa es la pretensión procesal de Guyana.

6.- La Corte puede reenviar el caso al secretario general de la ONU para que continúe explorando una vía de solución, conforme al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas:

“Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

7.- La Corte puede apelar a una determinación ex aequo et bono (decisión por lo bueno y equitativo); conforme al artículo 38 de su Estatuto; siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, al respecto:

“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”.

En fin, hay una gama considerable mediante la cual el Ente Sentenciador puede discutir, objetivamente y en justo derecho, antes de dictar el Fallo definitivo sobre este asunto litigioso.

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El evento contó con la participación de destacados ponentes y autoridades locales, destacando la presencia del gobernador encargado, Suyiban Bermúdez. Esta iniciativa se ejecuta en la entidad bajo las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y gracias al compromiso y amor de la gobernadora del estado, Loa Tamaronis de la mano de la presidenta de la Fundación Nacional El Niño Simón Yitcelis Lira

Durante el foro se abordaron temáticas críticas para el fortalecimiento de la paz ciudadana y el marco legal vigente, distribuidas en las siguientes ponencias:

• Derechos Humanos: Ponencia liderada por la Fundación Regional El Niño Simón Delta Amacuro, enfocada en la doctrina de protección integral.
• Prevención y abordaje en casos de violencia: Exposición a cargo de la organización Tinta Violeta, aportando herramientas de detección temprana.
• Responsabilidad Penal en Adolescentes: Ponencia dictada por representantes de la Defensa Pública para concientizar sobre el marco jurídico aplicable.
• Rutas de atención y denuncias interinstitucionales: Presentación a cargo del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA) y COMPNNA, donde se explicaron los canales regulares y articulaciones para la atención inmediata de casos.

Con estas acciones, las instituciones del Estado ratifican su compromiso con la construcción de entornos seguros, libres de violencia y orientados al desarrollo integral de la juventud deltana.

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Tucupita, Delta Amacuro, 2 de octubre de 2026.- Un ciudadano de 27 años fue aprehendido por funcionarios de la Policía Municipal de Tucupita, luego de ser señalado por su presunta vinculación con el robo de una bicicleta ocurrido en el casco central de la ciudad.

De acuerdo con la información policial, el procedimiento se inició aproximadamente a las 7:50 de la noche del jueves 1 de octubre, cuando funcionarios adscritos al Servicio de Vigilancia y Patrullaje realizaban labores de patrullaje motorizado en la zona comercial.

Durante el recorrido, los efectivos fueron abordados en la calle Bolívar por un joven de 22 años, cuyos datos se mantienen en reserva, quien denunció que mientras realizaba compras en el establecimiento comercial Foncepan le habían sustraído su bicicleta de uso personal.

Tras recibir la denuncia, la comisión policial inició un recorrido por las inmediaciones del sector, acompañada por el denunciante. Aproximadamente a las 8:15 de la noche, los funcionarios localizaron en la calle Manamo, cerca de una entidad bancaria, a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo con características similares a las aportadas por la víctima.

Según el reporte policial, el denunciante reconoció al ciudadano como la persona presuntamente vinculada con el hecho, por lo que los funcionarios procedieron a interceptarlo e identificarlo.

El aprehendido fue identificado como D. J. Jiménez R., de 27 años, de oficio obrero, natural de Tucupita y residente en el sector Yakerawitu.

Los funcionarios realizaron la inspección corporal correspondiente y le informaron que quedaba detenido por su presunta vinculación con uno de los delitos contemplados en el Código Penal venezolano.

El procedimiento fue notificado vía telefónica a la Fiscalía de Guardia del Ministerio Público, organismo que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes y de la continuación del proceso conforme a la legislación vigente.

Las autoridades policiales señalaron que la actuación se produjo a partir de la denuncia formulada por la víctima y el despliegue de patrullaje realizado en el casco central de Tucupita.

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«Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente», manifestó la también presidenta de la ONG Control Ciudadano

La Justicia de Venezuela ha absuelto a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien había sido acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y excarcelada con medidas cautelares en enero pasado tras permanecer detenida casi dos años.

San Miguel informó que un tribunal con competencia en terrorismo dictó su sentencia absolutoria el jueves y la declaró libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en su contra, según dijo en su cuenta de X.

«Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente», manifestó la también presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien añadió que espera que las condenas emitidas por el mismo caso contra otras personas sean anuladas al considerarlas injustas.

San Miguel estuvo recluida casi dos años en la prisión conocida como El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) identificada por opositores como un centro de torturas.

La activista fue acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una trama conspirativa que buscaba atentar contra el entonces presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de Venezuela.

Fue arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, quien también fue detenida brevemente junto a otros familiares.

El 9 de enero, San Miguel fue enviada a España cuando se anunció su excarcelación junto a otros cuatro españoles, pero regresó a Venezuela el pasado mayo.

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Tucupita, Delta Amacuro, 2 de septiembre de 2026.- Más de 63 instituciones que integran el Gabinete Social Ampliado del estado Delta Amacuro participan en jornadas de atención social desarrolladas en distintos municipios de la entidad, informó Franklin Capriata, responsable del Gabinete Social Ampliado y de las Misiones y Grandes Misiones en el estado.

Durante sus declaraciones, Capriata mencionó a Delsy Rodríguez, Héctor Rodríguez, Loa Tamaronis y Suyivan Bermúdez como las autoridades a cuyas orientaciones atribuyó el desarrollo de estas actividades en el estado Delta Amacuro.

Como parte de este despliegue, este viernes se realizó una jornada en el Complejo Educativo Ceferino Rojas Díaz, en el marco de su 67.º aniversario, con actividades dirigidas a niños y niñas de la institución.

La jornada incluyó cortes de cabello, pinta caritas, actividades recreativas, deportivas y culturales, como parte de las acciones de atención social coordinadas por las instituciones participantes.

Capriata señaló que estas jornadas se desarrollan de manera periódica en diferentes zonas del estado y que el trabajo abarca, además del municipio Tucupita, a Casacoima, Pedernales y Antonio Díaz.

De acuerdo con el funcionario, el despliegue busca llevar las actividades de atención social a distintas comunidades e instituciones de la entidad, mediante la articulación de los organismos que conforman el Gabinete Social Ampliado.

La actividad en el Complejo Educativo Ceferino Rojas Díaz se desarrolló con la participación de los equipos institucionales vinculados al área social y en atención a la comunidad educativa.

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***Con información oficial 

Tucupita, Delta Amacuro, 2 de octubre de 2026.- Un ciudadano de 41 años fue aprehendido por funcionarios de la Policía Municipal de Tucupita (Politucupita), luego de un procedimiento registrado la tarde de este jueves en las inmediaciones del sector Cocalito y el Caño Manamo, durante labores de patrullaje.

De acuerdo con la información suministrada por el cuerpo policial, el procedimiento se inició aproximadamente a las 4:12 de la tarde, cuando una comisión motorizada adscrita al Servicio de Vigilancia y Patrullaje observó a un hombre que se desplazaba a pie desde las inmediaciones de la Plaza 7 de Octubre hacia el sector Cocalito.

Según el reporte policial, al percatarse de la presencia de los funcionarios, el ciudadano habría intentado cambiar de dirección. Los efectivos le impartieron la voz de alto para realizar una inspección corporal, momento en el que, presuntamente, extrajo un arma blanca tipo cuchillo e intentó agredir a uno de los funcionarios.

Durante el incidente, la prenda de protección utilizada por el funcionario habría sufrido daños en la zona del tórax, mientras que el oficial cayó al suelo. El ciudadano habría aprovechado la situación para huir y posteriormente lanzarse desde el puente de Cocalito hacia las aguas del Caño Manamo.

Ante esta situación, la comisión solicitó apoyo mediante frecuencia radial, iniciándose un operativo de búsqueda por las aguas del caño y las áreas de vegetación flotante de la zona.

Minutos después, el sospechoso fue localizado oculto entre la vegetación. De acuerdo con la versión policial, uno de los funcionarios le solicitó deponer su actitud y entregar el arma blanca. El reporte señala que, durante el acercamiento a la embarcación utilizada en el procedimiento, el ciudadano habría atacado nuevamente al funcionario, ocasionándole una herida en la pantorrilla izquierda.

La información oficial indica que, ante lo que los funcionarios consideraron una amenaza inminente, uno de los efectivos hizo uso de su arma de reglamento, resultando herido el ciudadano en la región del omoplato derecho.

Posteriormente, el hombre fue extraído de las aguas y trasladado al Hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita, donde recibió atención médica. Tras ser estabilizado, quedó bajo custodia policial.

El aprehendido fue identificado como J. X. López, de 41 años de edad, natural de Tucupita. El procedimiento tuvo como lugar de aprehensión las inmediaciones del Caño Manamo, en la desembocadura próxima al Mercado Municipal, aproximadamente a las 6:30 de la tarde.

Entre las evidencias relacionadas con el procedimiento se encuentra un arma blanca tipo cuchillo, además de dos prendas policiales, entre ellas un chaleco que, según el reporte, presentó daños durante el incidente.

Las actuaciones fueron notificadas al Ministerio Público, Fiscalía Primera, instancia que deberá determinar las actuaciones correspondientes conforme al proceso establecido en la legislación venezolana.

La información sobre las circunstancias del uso del arma de fuego y las responsabilidades penales derivadas del procedimiento queda sujeta a las investigaciones de las autoridades competentes

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Tucupita, Delta Amacuro, 1 de octubre de 2026.- Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) del Cuerpo de Policía del Estado Bolivariano Delta Amacuro practicaron la detención de un ciudadano, señalado presuntamente por su vinculación con hechos de violencia física, psicológica y amenazas, contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con la información suministrada por el organismo policial, la actuación se produjo en el marco de las diligencias relacionadas con una causa penal iniciada ante el Servicio de Investigación Penal.

Según el reporte oficial, la víctima manifestó ante las autoridades competentes haber sido presuntamente agredida física y verbalmente, además de recibir amenazas de muerte. Los hechos habrían ocurrido durante la noche del 30 de septiembre.

Tras recibir la notificación correspondiente por parte del Ministerio Público, funcionarios del SIP se trasladaron hasta la urbanización Villa Rosa III, avenida principal, parroquia José Vidal Marcano, municipio Tucupita, donde procedieron a la aprehensión del ciudadano señalado en el caso.

La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva, de acuerdo con las disposiciones legales relacionadas con la protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

El detenido fue trasladado hasta la sede del Servicio de Investigación Penal, donde, según la información oficial, quedó a disposición de la Fiscalía Auxiliar Octava del Ministerio Público, instancia que conoce la causa.

El Cuerpo de Policía del Estado Bolivariano Delta Amacuro señaló que mantiene sus actuaciones dentro del marco de sus competencias y reiteró su compromiso con la protección de las mujeres y la atención de denuncias relacionadas con hechos de violencia.

La responsabilidad penal del detenido deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes, conforme al debido proceso y las garantías establecidas en la legislación venezolana.

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