José Gregorio Ruiz
Cuatro venezolanos que cumplen cadena perpetua por una de las redadas de drogas más grandes en la historia de este país recibirán cada uno 60.000 dólares en compensación después de que las autoridades penitenciarias no llevaron a cabo revisiones de sus sentencias.
El juez del Tribunal Superior Westmin James ordenó la compensación para Darwin Alcides González Morerno, Freddy Antonio García Muñoz, César Gregorio Pereira Rodríguez y Alonzo Enrique Valera al confirmar el lunes su reclamo por violaciones de sus derechos bajo la Constitución.
En marzo de 2008, los cuatro hombres, los trinitenses Victor Sylvester y Shaheed Ali, fueron condenados por tráfico de 1.749 kilos de cocaína por valor de 700 millones de dólares y posesión de siete armas de fuego ilegales y 241 cartuchos de munición.
El grupo fue arrestado y acusado después de que la policía y agentes de la Guardia Costera encontraran un gran botín de armas de fuego y narcóticos en una casa en la isla Monos, frente a la costa de Chaguaramas, el 23 de agosto de 2005.
Todos fueron condenados a cadena perpetua y se les ordenó no ser liberados hasta que cumplieran una pena mínima de prisión de 30 años por tráfico de drogas. También recibieron una sentencia de 20 años por posesión de armas de fuego y municiones, que se ordenó ejecutar simultáneamente con la sentencia mayor.
Si bien el Tribunal de Apelación desestimó su apelación sobre las condenas, acordó reducir la pena mínima por tráfico de drogas a 27 años y tres meses y la pena por posesión de armas de fuego y municiones a siete años y tres meses.
En la demanda, los abogados de los hombres, encabezados por Keron Ramkhalwhan, afirmaron que el hecho de que las autoridades penitenciarias no realizaran una revisión periódica de las sentencias cada cuatro años desde sus condenas, de conformidad con las Reglas Penitenciarias 281 y 282, era inconstitucional.
Al decidir el caso, el juez James señaló que no se violó su derecho a no ser privados de su libertad excepto mediante el debido proceso bajo la Sección 4 (a) de la Constitución, ya que si bien se necesitan revisiones para ser liberados al completar el período mínimo. , su liberación no fue posible antes de esa fecha.
También señaló que su única posibilidad de liberación anticipada era mediante un indulto presidencial a través del Comité de Misericordia.
El juez James encontró que se violaron sus derechos a la protección de la ley y a no ser privados de disposiciones procesales para hacer efectivos sus derechos bajo las Secciones 4(b) y 5(2)(h) de la Constitución.
El juez James se negó a ordenar que un colega de la División Penal del Poder Judicial realizara revisiones de la sentencia, ya que señaló que eso solo era posible al cumplirse el período mínimo.
Ordenó a las autoridades penitenciarias que comenzaran a realizar sus revisiones dentro de los tres meses siguientes a su sentencia.
«Esta es, en opinión del tribunal, la restitución adecuada para remediar el daño causado a los demandantes», dijo.
El juez James ordenó la compensación porque expresó la opinión de que las declaraciones eran insuficientes para resolver el caso.
Al afirmar que los derechos del grupo han sido violados durante casi 16 años, el juez James dijo: «Hay un colapso de las instituciones y no es aceptable confiar en la excusa de una acumulación de revisiones y un personal abrumado».
“Las Autoridades Penitenciarias deben abordar el tema o buscar un cambio legislativo”, añadió.
También se condenó al Estado a pagar las costas legales del grupo por el proceso.
Los hombres también estuvieron representados por Shalini Sankar y Annesia Gunness. La Fiscalía General estuvo representada por Shalini Singh, Nicol Yee Fung, Avion Romain, Radha Sookdeo, Vincent Jardine y Anala Mohan.




