Tucupita.- 10 de enero de 2026.- La ciudadana Mariangel Arteaga denunció una presunta ocupación irregular de su vivienda, ubicada en el sector Ciudad Bendita, detrás del Cafetal, municipio Tucupita del estado Delta Amacuro, donde aseguró haber residido durante más de diez años junto a sus hijos.
De acuerdo con su testimonio, Arteaga se vio en la necesidad de ausentarse del inmueble por motivos laborales y familiares, trasladándose temporalmente al estado Bolívar, específicamente a la población de El Dorado. Durante ese período, dejó la vivienda bajo el cuidado de una persona de su confianza.
Indicó que su ausencia se prolongó por más de dos años, aunque realizaba visitas ocasionales. Sin embargo, al regresar de manera definitiva junto a sus hijos el pasado 30 de diciembre de 2025, se encontró con que la persona encargada ya no se encontraba en la residencia y que el inmueble estaba ocupado por un ciudadano desconocido para ella, quien presuntamente habría ingresado con autorización de la cuidadora.
Según explicó Arteaga, el ciudadano —quien afirmó ser exfuncionario policial— manifestó llevar tiempo ocupando la vivienda y aseguró tener derechos sobre la misma. La denunciante sostuvo que nunca autorizó a esta persona a residir en su propiedad ni mantuvo comunicación previa con él.
Ante la situación, Arteaga informó que sostuvo conversaciones con representantes del Consejo Comunal del sector y con el ocupante del inmueble, logrando inicialmente un acuerdo verbal para otorgarle un plazo de al menos tres meses para desalojar la vivienda, mientras gestionaba otro lugar de residencia, debido a que ella requería el inmueble para realizar mejoras y habitarlo nuevamente.
No obstante, señaló que posteriormente el ciudadano se negó a entregar la vivienda, alegando que es de su propiedad. Indicó además que, durante una reunión de mediación en la que participaron miembros del Consejo Comunal y representantes del Movimiento Revolucionario de Integración para la Defensa Chavista (M.R.I.D.CH.), se presentaron funcionarios de un organismo policial, quienes señalaron que el caso debía ser canalizado ante el Ministerio Público.
Arteaga anunció que acudirá al Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente, asegurando que cuenta con documentos legales que respaldan la propiedad del inmueble, entre ellos un documento de compra-venta y el testimonio del ciudadano que le vendió originalmente el terreno.
Finalmente, reiteró que su única solicitud es la restitución de su vivienda por las vías legales correspondientes.




