El comunista Williams Astudillo lo calificó de ilegal y desventajoso; Jorge Antequera lo defendió como una inversión necesaria para recuperar la industria; mientras Jesús Cedeño cuestionó su legitimidad, aunque reconoció la urgencia de reactivar la economía venezolana.
Por Demys Martínez.- El acuerdo petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos enfrentó este lunes 31 de agosto tres visiones políticas en Tucupita. Pese a sus diferencias, los invitados coincidieron en un punto: el país necesita conocer el contrato completo, su duración, sus condiciones y el destino de los ingresos.
El conversatorio se desarrolló en el programa Perspectiva, transmitido por Oceánica 98.5 FM, con la participación del licenciado Williams Astudillo, el MSc. Jorge Antequera, vicerrector de la Universidad Francisco Tamayo, y ex vicerrector de la UTDFT, MSc. Jesús Cedeño.
La conversación partió de las dudas existentes sobre el convenio anunciado por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, que abarcaría 17 campos petroleros y unas reservas estimadas en 65.000 millones de barriles. Durante el programa se discutieron su legalidad, la falta de publicación del documento, la soberanía nacional, la necesidad de inversión y el deterioro de la industria petrolera.
Astudillo: “El acuerdo es ilegal y desventajoso”
Williams Astudillo sostuvo que el convenio presenta una “falla de origen”.
“La encargada de este Gobierno no tiene autoridad para firmar un acuerdo de esa magnitud. No se discutió, la Asamblea Nacional no dio ninguna aprobación y los mecanismos constitucionales han sido violentados”, afirmó.
Astudillo calificó el acuerdo como “ilegal y desventajoso” y cuestionó que todavía no se conozcan públicamente sus condiciones.
“No hay claridad ni transparencia. Es como una caja negra de avión: solamente se sabe lo que contiene cuando el avión se estrella. Están comprometiendo el futuro de Venezuela y entregando las reservas energéticas a espaldas del pueblo”, señaló.
También rechazó que la necesidad de inversión justifique aceptar condiciones impuestas desde el exterior. A su juicio, Estados Unidos actúa conforme a sus propios intereses, mientras Venezuela atraviesa una crisis de legitimidad institucional.
“Un acuerdo de esa magnitud tiene que ser sometido al debate público, porque los recursos que están en el subsuelo pertenecen a todos los venezolanos”, insistió.
El dirigente comunista propuso superar temporalmente las diferencias partidistas para defender la soberanía y recuperar el funcionamiento autónomo de las instituciones.
“Debemos hacer un alto a la gran pelea y unirnos por los intereses de la patria. Después resolveremos nuestras diferencias políticas e ideológicas. En este momento se trata de soberanía”, expresó.
En su reflexión final reiteró su llamado a conformar un frente nacional. “Tenemos que retomar el camino democrático y reinstitucionalizar Venezuela. Las instituciones no pueden ser apéndices de ningún partido político”, añadió.
Antequera: “Para Estados Unidos es un negocio; para nosotros, una inversión”
Jorge Antequera rechazó que el acuerdo viole la Constitución y defendió la facultad del Gobierno encargado para negociar con Estados Unidos. Aseguró que Venezuela necesita capital y tecnología para recuperar pozos, instalaciones y capacidad de producción.
“Para Estados Unidos es un negocio; para nosotros es una inversión, porque necesitamos recuperar la economía y las instalaciones petroleras de PDVSA”, afirmó.
Antequera planteó que mantener las reservas bajo tierra, sin capacidad para explotarlas y convertirlas en ingresos, tampoco ofrece una solución al país.
“Si tenemos más de 300.000 millones de barriles en el subsuelo y no los aprovechamos para mejorar las condiciones de los venezolanos, ¿vale la pena tenerlos allí sin utilizarlos?”, preguntó.
Según su planteamiento, el convenio permitiría recuperar tecnología, infraestructura y algunos campos petroleros. Sostuvo que los recursos obtenidos deberían dirigirse a salarios, salud, educación, alimentación y servicios para la población, aunque aclaró que esos resultados no serían inmediatos.
“Eso lleva un proceso; no es de la noche a la mañana. En el convenio está la recuperación tecnológica, de algunos pozos y de las instalaciones de PDVSA”, explicó.
Antequera responsabilizó a sectores de la oposición por haber promovido sanciones, bloqueos e intervención extranjera. Consideró contradictorio que ahora cuestionen una negociación con Estados Unidos, después de haber solicitado su participación en la crisis venezolana.
También reconoció que existió corrupción dentro de PDVSA, pero aseguró que el Gobierno tomó medidas contra los responsables. Al referirse a la duración y demás condiciones del convenio, admitió que es necesario revisar el documento.
“Hay que ver el contrato para saber cuánto tiempo durará el proceso. El pueblo deltano tiene que conocer el contrato que se está firmando con Estados Unidos”, manifestó.
Cedeño: “Conocemos las generalidades, pero no las condiciones”
El también ex diputado de oposición MSc. Jesús Cedeño coincidió con Astudillo en sus dudas sobre la legitimidad del convenio y la actuación de los poderes públicos. Afirmó que una negociación de tal magnitud debería ser revisada por la Asamblea Nacional e, incluso, sometida a consulta popular.
“Para establecer un convenio de esta naturaleza hay que recuperar primero la legitimidad. Debe revisarse en la Asamblea Nacional para verificar que las leyes se estén cumpliendo debidamente”, señaló.
Cedeño sostuvo que las decisiones adoptadas después del 3 de enero responden a una estrategia de Estados Unidos sobre Venezuela. Según su apreciación, el país se encuentra bajo una fuerte tutela extranjera y con instituciones que no actúan de manera independiente.
“Los poderes públicos no están ejerciendo sus propias atribuciones. No aceptamos la injerencia de ningún país y debemos defender nuestra soberanía”, afirmó.
Sin embargo, el profesor no descartó la necesidad de inversión internacional. Reconoció que el deterioro de la economía y de la infraestructura petrolera obliga a buscar alternativas para recuperar la producción.
“La vulnerabilidad del país es tan grande que necesitamos urgentemente reactivar el aparato productivo. Ese aparato no se recupera sin una economía sustentable y sostenible”, explicó.
Para Cedeño, emitir una conclusión definitiva resulta difícil mientras no sea publicado el texto completo del convenio.
“Estamos en presencia de un contrato del que conocemos únicamente las generalidades. No sabemos cuáles son sus especificidades ni las condiciones en las que se ejecutará. Para opinar con hechos debemos conocer el convenio; lo demás son supuestos”, manifestó.
En su reflexión final pidió elecciones y la recuperación de la autonomía de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral. Consideró que la legitimidad debe reconstruirse mediante el voto para que el país pueda tomar decisiones de largo alcance sobre sus recursos.
Diferencias políticas y una coincidencia
El intercambio mostró que cada invitado interpretó el acuerdo desde su posición política. Astudillo lo presentó como una entrega de recursos y una violación constitucional; Antequera como una oportunidad para recuperar la industria; y Cedeño como una negociación impuesta, pero vinculada a una necesidad económica real.
La principal coincidencia estuvo en la necesidad de conocer el contenido del contrato. Las condiciones sobre su duración, inversión, participación de las empresas, distribución de los ingresos y controles institucionales siguen siendo determinantes para establecer cuáles serán sus beneficios o consecuencias para Venezuela.




