Tucupita, 7 de septiembre de 2025 — La Cámara de Comercio e Industria del municipio Tucupita expresa su preocupación ante la imposición de sanciones tributarias que, según denuncias de sus agremiados, exceden los límites establecidos por el Código Orgánico Tributario (COT) y comprometen la sostenibilidad del sector comercial local.
De acuerdo con lo informado por la Junta Directiva, se han emitido multas equivalentes a 1.000 veces la moneda de mayor denominación por el pago extemporáneo o la omisión de la contribución especial prevista en la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social. Esta práctica, señalan, contradice lo dispuesto en los artículos 100 y 101 del COT, que fijan un máximo de 150 veces dicha moneda para sanciones por ilícitos formales.


“La jerarquía normativa establece que el COT prevalece. Aplicar sanciones más severas sin reforma legal expresa vulnera el principio de legalidad tributaria”, afirman los asesores jurídicos de la Cámara, citando como referencia la pirámide de Kelsen.
La institución considera que estas medidas tienen un carácter confiscatorio, al exceder los límites razonables establecidos por la ley y afectar la operatividad de los comercios. De mantenerse esta práctica, advierte, se corre el riesgo de cierres de establecimientos, pérdida de empleos y debilitamiento del tejido empresarial.
“Queremos más comercios abiertos y ninguno más cerrado”, enfatizó la Junta Directiva.
Datos internos del gremio indican que la mayoría de los afiliados han recibido notificaciones con montos que superan su capacidad de pago, obligándolos en algunos casos a suspender sus actividades.
Expertos en derecho tributario consultados por la Cámara coinciden en que cualquier modificación a los montos sancionatorios debe realizarse mediante reforma legal aprobada por la Asamblea Nacional, no por vía administrativa.
La Cámara también informó que diversas organizaciones han manifestado su respaldo al reclamo, sumándose al llamado de revisión urgente de la medida.

Además de la denuncia, la institución propone las siguientes acciones:
– Establecimiento de mesas de diálogo con el SENIAT, la Gobernación, la Alcaldía y los gremios activos del estado, para acordar mecanismos de regularización que protejan la actividad económica.
– Ajuste de las sanciones al marco legal vigente, evitando interpretaciones discrecionales que generen inseguridad jurídica.
“Defendemos el derecho a trabajar con dignidad y respeto. Este no es un reclamo aislado, sino una defensa legítima del comercio y de la economía local”, concluyó la Junta Directiva, invitando a comerciantes, gremios y ciudadanía a mantenerse informados y unidos en la exigencia de un marco tributario justo.
